RESCATE EN EL MAR Y ASILO EN LA UE. LÍMITES DEL REGLAMENTO DE DUBLÍN III

Uno de los principales retos que afronta la Unión Europea es precisamente el de regular la institución del asilo de manera eficaz. El escenario actual es más complejo que nunca. A la llamada «crisis de los refugiados» se suma la crisis generada por la covid-19. Con tal fin, la Comisión Europea presentó una propuesta de reforma en 2016 y posteriormente en 2020 anunció el Pacto Europeo de la Migración y el Asilo. Este último contempla un sistema de solidaridad a la carta así como una fórmula de colaboración imperativa con los Estados bajo presión migratoria -principalmente los Estados con fronteras marítimas al sur de Europa, como España, Grecia, Italia y Malta-. Las discrepancias entre los Estados miembros, con los Estados del sur por un lado, y los Estados del este de Europa por otro, especialmente el llamado grupo de Visegrado -Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia- muestran la complejidad del reto que implica acometer la reforma de las normas sobre asilo.

Este libro expone las causas por las que el actual sistema de asilo funciona de manera limitada, analiza las tensiones jurídicas existentes a la luz de las normas vigentes y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y aporta elementos para entender el porqué de la necesidad de una reforma. Partimos de la premisa de que la conexión entre las políticas de asilo y los rescates en el mar han puesto al descubierto las numerosas debilidades del sistema jurídico aplicable. Y nos centramos en uno de los grandes problemas, sino el mayor, el del régimen del Reglamento de Dublín III. Incidimos en la vinculación entre dicho Reglamento de Dublín III y los rescates en el mar para poner de relieve que el régimen del asilo de la Unión Europea ha de prestar una atención especial a los Estados del Mediterráneo que sirven de entrada principal para los migrantes procedentes del norte de África. Para ello, resulta ineludible pensar en fórmulas que hagan del principio de solidaridad un instrumento jurídico útil.