DERECHO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO I. PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA EVOLUCIÓN LEGISLATIVA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO II. LA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO III. EL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO

CAPÍTULO IV. ELEMENTOS INSTRUMENTALES DEL EMPLEO PÚBLICO

CAPÍTULO V. ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA RELACIÓN DE EMPLEADO PÚBLICO

CAPÍTULO VI. DERECHOS INDIVIDUALES

CAPÍTULO VII. EL RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES

CAPÍTULO VIII. LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y MOVILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS

CAPÍTULO IX. LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO X. LOS DERECHOS DE EJERCICIO COLECTIVO

CAPÍTULO XI. LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

CAPÍTULO XII. EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

CAPÍTULO XIII. LAS INCOMPATIBILIDADES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

CAPÍTULO XIV. EL PERSONAL LABORAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El régimen jurídico del empleo público mantiene desde hace muchos años una atención creciente como consecuencia de la atonía que el legislador ha mantenido en completar su regulación y dotar de coherencia total al sistema que el EBEP diseño. En este esquema, las necesidades puntuales se han suplido o completado con reformas parciales, puntuales y de contexto muy reducido que exigen una actualización continua de las Obras que, como la presente, tratan de dar una visión general del régimen jurídico del empleo público. La actualización y la incorporación del acervo doctrinal constituyen elementos centrales del Derecho de la Función Pública que se presenta ahora en su decimocuarta edición y con el mejor deseo de continuar siendo una obra útil para los aplicadores del derecho del empleo público. La consolidación de este trabajo se presenta especialmente relevante en un momento donde se anuncia la publicación de la ley que definirá el modelo específico para la AGE que, claro está, no ha sido abordado en esta actualización para no romper su finalidad y esencial más característica que es la constituir una Obra de referencia en el conjunto de las Administraciones territoriales y sin perjuicio de los modelos específicos que puedan ir dictando, tanto la AGE como las Comunidades Autónomas.