LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA EN UN CONTEXTO DE DISRUPCIÓN TECNOLÓGICA, SANITARIA Y SOCIAL

PRÓLOGO I. INTRODUCCIÓN II. LA SALUD, UN BIEN JURÍDICO A PROTEGER III. LA SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. LOS INTERNOS EN PRISIÓN COMO COLECTIVO SINGULAR Y ESPECIALMENTE VULNERABLE 1. Los problemas de salud más comunes en prisión 2. Edad, género y discapacidad: factores merecedores de atención particular 2.1. El envejecimiento de la población penitenciaria 2.2. Las personas con discapacidad en establecimientos penitenciarios 2.3. Las mujeres en prisión, un medio históricamente masculinizado 2.4. Niños recluidos con sus madres 3. La salud de los extranjeros en prisión. Mención especial a los aspectos psicosociales y a las posibilidades abiertas por las nuevas tecnologías IV. EL DERECHO DE LOS INTERNOS A LA SALUD. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO GARANTE 1. Fundamento y alcance del derecho de los internos a la salud y de la obligación administrativa de velar por su salvaguarda 2. Actuaciones de salud pública desarrolladas en establecimientos penitenciarios 2.1. Programas específicos de salud pública en prisión 2.2. Triunfos y fracasos de la salud pública en prisión 3. La gestión del COVID-19 en prisiones. Aislamiento, control telemático y potenciación de las tecnologías de la comunicación 4. La imposición forzosa de alimentos o tratamientos médicos 4.1. Asistencia obligatoria en casos de urgencia vital 4.1.1. La imposición forzosa de alimentos a reclusos en huelga de hambre 4.1.2. La medicación forzosa de pacientes que se niegan a recibir tratamiento 4.2. Actuaciones médico-sanitarias por motivos de seguridad: las exploraciones radiológicas 5. El derecho a la eutanasia de los internos en establecimientos penitenciarios 6. La participación de reclusos en investigaciones médicas y en estudios epidemiológicos 7. Tres cuestiones conexas: la suspensión de la ejecución de la pena de prisión, la clasificación en tercer grado y la libertad condicional para enfermos con enfermedad grave con padecimientos incurables V. LA ASISTENCIA SANITARIA PENITENCIARIA 1. La asistencia sanitaria en la normativa penitenciaria vigente 1.1. Modelo híbrido de asistencia sanitaria penitenciaria 1.2. Equipo e instalaciones sanitarios en establecimientos penitenciarios 1.3. Historia clínica y confidencialidad de los datos médicos. Ventajas de la digitalización y del acceso telemático 1.4. Consultas e ingresos hospitalarios 1.4.1. Las consultas médicas. Posibilidades abiertas por la telemedicina 1.4.2. Hospitalizaciones en el Sistema Público de Salud 1.5. Régimen de visitas a reclusos enfermos 2. La integración de la sanidad penitenciaria en los sistemas de salud autonómicos: un objetivo aparentemente inalcanzable 2.1. Evolución y problemática del proceso de transferencia de la sanidad penitenciaria 2.2. Los costes de la asistencia sanitaria. Un conflicto permanentemente judicializado y en apariencia zanjado 2.3. La específica problemática de la prestación farmacéutica. El tratamiento de la hepatitis C como ejemplo VI. RECLUSOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 1. El trabajo en prisión 2. La relación laboral especial penitenciaria. Caracterización general 3. La seguridad y salud laboral en el trabajo de los internos en establecimientos penitenciarios VII. BIBLIOGRAFÍA VIII. NORMATIVA 1. Textos internacionales 2. Normativa española 3. Normativa autonómica 4. Normativa de la Administración Penitenciaria IX. RESOLUCIONES JUDICIALES 1. Tribunal Constitucional 2. Tribunal Supremo 3. Audiencia Nacional 4. Tribunales Superiores de Justicia 5. Audiencias Provinciales 6. Juzgados de Instrucción 7. Juzgados de Vigilancia Penitenciaria

La Administración, obligada ex lege a velar por la salud de los internos en establecimientos penitenciarios, se encuentra con importantes obstáculos en su papel de garante; no solo por la confluencia de diversos condicionantes fácticos, sino también a resultas del marco jurídico vigente, de su interpretación jurisprudencial y de la forma en que las previsiones del legislador son trasladadas a la realidad mediante la actuación administrativa. . En efecto, muchos años después de la aprobación de la Ley Orgánica General Penitenciaria, subsisten múltiples barreras para el completo disfrute del derecho a la salud por parte de los reclusos. Dos factores sobresalen como causantes de esta situación: de un lado, el generalizado superior deterioro físico y psíquico de quienes viven en prisión, consecuencia tanto del entorno, como de las características del colectivo; y, de otro, los rasgos distintivos del modelo de asistencia sanitaria penitenciaria, calificable como híbrido, en tanto, pese a lo legalmente previsto desde 2003, todavía no se ha producido la integración de esta sanidad en los sistemas de salud autonómicos (salvo muy contadas excepciones), lo que trae como resultado que la atención primaria permanezca en manos de la Administración Penitenciaria. . A ello se añaden, como puntos de interés y fuente de conflictos, otras cuestiones jurídicas y contextuales igualmente relevantes. Por cuanto hace a las primeras, merecen especial atención los problemas que surgen en torno al derecho a la autodeterminación médica, las dudas respecto a la aplicación de la eutanasia a los preventivos, la viabilidad de la investigación médica con reclusos o, en fin, la aplicabilidad de la legislación de prevención de riesgos laborales en un escenario tan singular como el carcelario. Entre las segundas, es preciso tener en cuenta, al menos, las tres siguientes: la evolución de la población penitenciaria como parte de una sociedad sujeta a continuos cambios (el envejecimiento, la consideración al género en el ámbito de la salud, la multiculturalidad…); el precedente creado por la reciente pandemia, fenómeno disruptivo que, en opinión de las voces más autorizadas, podría volver a repetirse en un futuro no demasiado lejano, y, por último, el progreso tecnológico, tanto por los riesgos que genera (sobre todo en cuanto hace a la protección de datos sensibles), como por las oportunidades que crea, merced, por ejemplo, a la capacidad de la telemedicina, de la comunicación a través de medios telemáticos o de la digitalización de las historias clínicas para solventar, siquiera parcialmente, los déficits que la sanidad en prisión presenta.