MODALIDADES DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO: ANÁLISIS DE SU RÉGIMEN JURÍDICO

La presente obra que introducimos, Modalidades de extinción del contrato de trabajo: análisis de su régimen jurídico, se ha realizado partiendo de la premisa objetiva de abordar los siguientes objetivos: en primer lugar, ofrecer un tratamiento técnico-jurídico y político de las modalidades extintivas; en segundo lugar, aportar un estudio de la teoría y práctica jurídica existente respecto a la extinción del contrato de trabajo; y, en tercer lugar, el operador jurídico encontrará un análisis actual y detenido del grupo normativo vigente que regulan todas y cada una de las modalidades extintivas reguladas en nuestro ordenamiento jurídico laboral. Todo ello marcado por la rigurosidad. Por tanto, se está ante un análisis pormenorizado de las elaboraciones de la doctrina científica jurídica y del derecho judicial ?entendido como jurisprudencia de los distintos Tribunales?, respecto al Derecho regulador, en su conjunto, de los despidos en España. Todo ello en un contexto social, político y económico claramente flexibilizador de los mismos en el que el despido ha estado, está y estará en el centro del debate político-jurídico. Ello justifica el que se incorpore a continuación una breve, ilustrativa y paradigmática visión general de la materia desde las implicaciones que conlleva la estabilidad en el empleo y los derechos fundamentales de la persona trabajadora ante las diferentes modalidades extintivas del contrato de trabajo.
En este sentido, a lo largo de las partes y capítulos que componen la obra, está presente y subyace la problemática tradicional de la contraposición entre los principios de estabilidad en el empleo y de libertad de contratación ?principio privatista de libre resolución de los contratos?. Ésta la preside la tensión existente entre las opciones político-organizativas de readmisión o de indemnización, junto a las exigencias de tutela de los derechos fundamentales del trabajador. Éstas últimas, en toda modalidad extintiva, deberían quedar también salvaguardadas. Ahora bien, no se ha de ignorar que, con gran frecuencia, el despido aparece como instrumento o vehículo de lesión de los derechos fundamentales del trabajador afectado. Esa operatividad práctica conduce a nuevos planteamientos en sede de la institución del despido, y no sólo por lo que se refiere a la nueva perspectiva de política legislativa, sino también a las técnicas de tutela instrumental. Éstas, necesariamente, tienen que diversificarse en las distintas formas que adquiere dicha tutela (tutela restitutoria del derecho vulnerado, tutela resarcitoria en orden a la reparación integral de las consecuencias lesivas del acto de despido ilegítimo, etc.).
De una forma muy evidente estos problemas se reflejan hoy, más que nunca, en el ordenamiento jurídico. El sistema jurídico se ha preocupado por instaurar un sistema muy complejo de garantías formales que vienen tanto a juridificar los poderes resolutorios del empleador, como los mecanismos de defensa del trabajador para hacer frente al uso irregular por parte de su titular. Se ha tratado, al respecto, de reconducir hacia categorías jurídicas, tarea nada fácil de partida, la dialéctica existente siempre entre los poderes de despido del empleador y la necesaria protección de los derechos del trabajador. Cabe realzar, en este sentido, que el ordenamiento, sin dejar de configurar un sistema de despido directo, ha conformado, sin embargo, la extinción como acto eminentemente formal, sujetándolo a un sistema de garantías formales legalmente preestablecido. En este marco, adquiere intensidad el reforzamiento de la garantía constitucional de los derechos fundamentales del trabajador como límite externo. No es éste un planteamiento absolutamente novedoso ya que, jurisprudencialmente, por nuestros más altos tribunales, se ha fortalecido la vigencia de los derechos y libertades fundamentales reconocidos constitucionalmente en el ámbito de la empresa y frente al ejercicio de las relaciones especiales de poder que rigen en su seno.
Jurídico-instrumentalmente, esa proyección constitucional en las relaciones particulares laborales ha llevado a un replanteamiento, muy controvertido, del alcance del derecho fundamental de tutela judicial efectiva ante el despido ilegítimo en el ordenamiento laboral y, asimismo, a una revitalización de las técnicas de nulidad como mecanismo de tutela frente a las decisiones extintivas lesivas de derechos fundamentales. Este proceso de adaptación de las categorías jurídicas a las nuevas exigencias sociales se ha manifestado también en la redefinición constante de los instrumentos procesales que, por un lado, faciliten los mecanismos de prueba y, por otro, garanticen de forma más efectiva el cumplimiento en los propios términos establecidos en la sentencia de las obligaciones derivadas de la declaración de nulidad del despido, especialmente el cumplimiento de la obligación empresarial de readmitir al trabajador en su puesto de trabajo. Al respecto, ya en su momento, la Ley de Procedimiento Laboral del año 1990 ?y, en la actualidad así continúa en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social? introdujo un equilibrio en el tradicional binomio readmisión o indemnización ?y su traducción en los equivalentes calificadores, nulidad o improcedencia?, sirviendo como principio de inspiración el de estabilidad real en el empleo. De cualquier modo, sigue siendo una cuestión abierta la problemática de los modos de ejecución coactiva de la orden judicial de readmisión del trabajador, a fin de garantizar el restablecimiento efectivo de la relación laboral. En este sentido, son claves las normas procesales y sus intentos de reforzar la eficacia de la orden de readmisión con instrumentos de coacción indirecta para la reintegración efectiva del trabajador.
Descendiendo a la praxis, una observación atenta de la evolución normativa a lo largo de todas las reformas laborales de finales del siglo pasado y las del presente, pone de relieve que las innovaciones más significativas producidas en ellas han supuesto una revisión del reequilibrio de los poderes ejercidos en el marco de la relación de trabajo. Y ello se ha producido en un aspecto o dimensión emblemática, como es el poder de despido del empleador. Es así porque esta institución incide y es una pieza clave en la conformación del sistema de equilibrios de poder presentes en el seno de la empresa y en la misma estabilidad de la relación laboral. Es decir, una de las implicaciones derivadas ha sido la remoción del reequilibrio preexistente entre la tutela de los derechos del trabajador y la protección dispensada a los poderes del empresario.
En la evolución normativa, el sistema de estabilidad en el empleo se configura como un modelo dual, en orden a la diversa intensidad de la tutela dispensada por el ordenamiento laboral: un primer pilar de ese modelo está presidido por el establecimiento prevalente de la estabilidad meramente obligatoria prevista como regla para los despidos improcedentes ordin