LIDIA ARNAU RAVENTOS
Esta publicación pretende ubicarse en ese espacio actual de reflexión y debate que, hoy por hoy, avivan dos cuestiones: la primera, específica, es la de la protección que debe dispensarse al consumidor que contrata productos digitales; la segunda, más general, es la de la repercusión de esta realidad contractual en las categorías tradicionales del Derecho civil de contratos. Esta última dimensión reviste especial interés en aquellos ordenamientos, como el catalán, que han generalizado las medidas de incorporación de las Directivas (UE) 2019/770 y 2019/771 en materia, respectivamente, de contratos de suministro de contenidos y servicios digitales y de compraventa de bienes.
Está por ver si, en este ordenamiento, esta generalización tan solo es el principio de un proceso en cuya virtud la idea de conformidad acabe presidiendo el régimen del cumplimiento de cualquier contrato, sea cual sea la naturaleza de su objeto; está por ver, también, cómo se acaba encauzando la modernización del ordenamiento estatal en materia de Derecho civil contractual y, en concreto, si lo acaba haciendo inspirándose, también, en el Derecho privado europeo.
