JOSÉ LUIS MONEREO PÉREZ
La problemática situación de los jóvenes se ha agravado, muy
especialmente, tras la pandemia del COVID-19 y ello es porque se ha
instaurado, de facto, un precario modelo de ocupación que impide a los
jóvenes alcanzar unas condiciones dignas de empleo. Aparte de las
dificultades para incorporarse al mercado laboral, cabe destacar el
predominio de contratos temporal, jornadas a tiempo parcial y
deficientes salarios que sufre este colectivo. Esta lamentable situación
repercute no sólo en sus condiciones de vida, sino también en sus
expectativas de desarrollo personal y familiar. De ahí que se vean
abocados a ocupar las largas listas del paro, lo que impide la necesaria
renovación generacional del capital humano, al tiempo que dificulta el
mantenimiento intergeneracional del actual sistema de pensiones.
Sobre este aspecto, la renovación del Pacto de Toledo de 2020 incide, de
manera específica y destaca, en su Recomendación 17 bis, el tremendo
perjuicio que la precariedad y el subempleo está causando en las
carreras de cotización de los jóvenes. Por ello, recomienda que se mejore
toda esta situación y se proyecte, a través de las actividades inspectoras,
todo un programa de actuación contra los abusos en las relaciones
laborales fraudulentas. De igual modo, el Real Decreto-ley 32/2021, de
28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la
garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado
de trabajo proporciona un punto de partida para la creación de un
mecanismo permanente, centrado en formación y recualificación de las
personas trabajadoras, tras la experiencia del uso de expedientes de
regulación temporal de empleo.
